El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, sostuvo que al convenir con el excongresista norteamericano Connie Mack, “Guerrero busca atacar de manera directa al presidente Luis Abinader”, a la procuradora general Miriam Germán y a la procuradora adjunta Yeni Berenice.
Guerrero, uno de los principales imputados de la llamada Operación Calamar, cumple 18 meses de prisión preventiva en un Centro de Corrección y Rehabilitación en la provincia de San Cristóbal, por su vinculación a una supuesta red de corrupción administrativa.
En una carta enviada al periódico Diario Libre, Figueroa señaló que el gobierno dominicano tenía conocimiento previo de los detalles de esta contratación internacional y, además, de la existencia de una campaña de ataques ejecutada desde diferentes plataformas de información a nivel local, con el mismo objetivo de desacreditar al Presidente y al Ministerio Público.
En la misiva, el Ejecutivo rechazó estas acciones destinadas a «socavar la credibilidad y la integridad de las instituciones democráticas del país».
Además, consideró la contratación como un intento de “manipular a la opinión pública y desestabilizar el orden institucional”.
De los 20 imputados en el expediente presentado por el Ministerio Público denominado Operación Calamar, 10 admitieron su participación en la supuesta red de corrupción.
Diario Libre publicó este viernes que el objetivo de esta acción es elevar hasta Washington las quejas del «tratamiento» contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico.
En sus acciones, Mack remitió el 13 de junio pasado una carta a Isiah Parnell, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos aquí, y con copia a tres altos funcionarios del Departamento de Estado, en la que pide una cita para discutir el arresto y la “detención ilegal” de Guerrero, según el rotativo.
En el referido documento, el lobista argumenta que el extitular se encuentra detenido por una investigación “donde no se ha presentado evidencia de corrupción”, siempre según la misma fuente.
A la vez, indica que “el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados”.
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