Ese poblado, situado en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, saltó a la palestra por su oposición al reinicio de la minería abierta, algo prohibido por ley, y que presuntamente el Gobierno quiere reiniciar y abolir lo dispuesto para la Asamblea Legislativa.
Habitantes de la comunidad citados por el diario La Prensa Gráfica (LPG), denunciaron que la zona fue militarizada con al menos 100 efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Los militares no brindaron explicaciones sobre el objetivo del despliegue y mientras los pobladores exigen se cumpla con la liberación de seis líderes comunales acusados por un presunto asesinato en los años 80 del pasado siglo lo que no pudo ser probado y no tiene sustento legal, según la defensa.
A causa del movimiento militar lugareños dijeron a LPG que entre los residentes hay temor de que ocurran capturas arbitrarias y abusos de poder.
Estas acciones se remontan al 11 de enero pasado, cuando cinco habitantes de la comunidad fueron arrestados por la Policía Nacional Civil (PNC)con órdenes de captura por la Fiscalía General de la República (FGR), por un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado.
En El Salvador, ambientalistas advierten de posibles retrocesos en la prohibición de la minería metálica debido a que el Gobierno creó la Dirección de Hidrocarburos y Minas.
Santa Marta está entre las zonas del país donde existen asentamientos mineros y es conocida la oposición de sus habitantes a esta práctica por sus efectos al medio ambiente y al agua en especial.
En mayo de 2022 El Salvador se unió al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), institución con sede en Canadá que, según su sitio en internet, apoya a países «comprometidos con el aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible».
Una minera canadiense, la Oceana Gold/ PacificRim, está entre las principales afectadas por la prohibición existente a la minería metálica y ya perdió una demanda de 250 millones de dólares contra el país en las cortes.
La Asamblea Legislativa aprobó en marzo de 2017 prohibir la minería de oro y otros metales, así como cancelar los proyectos mineros en curso.
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