El mandatario estuvo al frente este lunes de una reunión del Comité de Seguridad que determinó la aplicación de forma inmediata de esa medida, que incluye el toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 (hora local).
Según Lasso, el estado de excepción permitirá actuar “con mayor contundencia” de manera conjunta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y, cuando sea necesario, los uniformados podrán utilizar el arma de dotación para someter a los delincuentes.
La declaratoria responde a un incremento de los índices de criminalidad y violencia en el país, particularmente en esos lugares, aunque la medida se ha aplicado en más de 16 veces durante la actual administración y la tasa de muertes violentas sigue en aumento.
Una de las víctimas fue el alcalde de Manta, Agustín Intralgo, a quien balearon este domingo cuando salía de la inauguración de una obra en su ciudad y en ese ataque armado murió también la futbolista Ariana Estefanía Chancay.
Estas muertes nos duelen y al mismo tiempo nos convocan como país, manifestó Lasso durante la reunión de la jornada de hoy en Durán, donde señaló que “la violencia criminal es un asunto de Estado y para ello se requiere que la administración de justicia haga su parte”.
El jefe del Ejecutivo comentó que los motines en curso en varias cárceles del país, con casi un centenar de agentes retenidos por los reclusos y reos en huelga de hambre, son consecuencia de las disputas de las bandas criminales asociadas al narcotráfico.
Ecuador sufre una crisis de inseguridad con cada vez más asesinatos, asaltos, secuestros, extorsiones y otros crímenes que mantienen al país en un estado de nervios constante.
Ante la escalada del crimen, el Gobierno tomó decisiones polémicas como la autorización del porte de armas para civiles y el permiso para que policías y militares actúen con todos los medios a su disposición contra quienes consideren terroristas.
Sin embargo, la cifra de muertes violentas no para de crecer.
La nación cerró el 2022 con 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, la mayor tasa de su historia, por lo que expertos sugieren una estrategia a largo plazo contra la inseguridad, que incluya inversiones para el fortalecimiento de la fuerza pública y el desarrollo social.
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