La agrupación, que incluye parlamentarios del anterior gobierno, organizaciones étnicas armadas y miembros de la sociedad civil, enfatiza la igualdad de derechos entre los estados de Myanmar, que tendrían sus propias constituciones y poderes legislativos y judiciales.
Según el texto, los estados tendrán derecho a utilizar la tierra y los recursos, mientras que reciben ingresos a través de un reparto fiscal federal.
La Carta rechaza la ley de ciudadanía de 1982, en virtud de la cual solo los descendientes de grupos étnicos que vivieron en la antigua Birmania antes de la colonización califican plenamente para la ciudadanía.
Esta legislación se utilizó para excluir a muchos musulmanes e hindúes, incluidos aquellos que anteriormente tenían la ciudadanía plena.
El documento establece además que un ejército federal y su presupuesto estarán bajo control democrático, pero cada estado tendrá su propio ejército y fuerza policial dentro de las de la Unión.
Se trata de una ruptura total con el sistema de seguridad políticamente independiente bajo el mando de la junta actual, encabezada por el general Min Aung Hlaing.
La Carta aborda otros temas importantes como erradicación de la dictadura y la violencia sexual, liderazgo político colectivo, igualdad y diversidad, derechos de las minorías, un sistema judicial justo y la separación de religión y política.
Los miembros del Gobierno de Unidad esperan el apoyo de la comunidad internacional para que la iniciativa constitucional tenga la oportunidad de ser adoptada.
La víspera se celebró en la ciudad china de Chongqing una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (Asean) y China, en la que de destacó la necesidad de implementar el plan de cinco puntos redactado a fines de abril para reducir la violencia en Myanmar.
Por otra parte, Naciones Unidas informó hoy que unas 100 mil personas fueron desplazadas en el estado de Kayah (sureste) por la violencia reciente, incluidos ‘ataques indiscriminados de las fuerzas de seguridad’ contra áreas civiles.
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