La víspera circuló en las redes el video de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, quien llamó a la paz desde la cárcel Regional, en Guayaquil, donde se supone que el ingreso de cámaras, internet y armamento están prohibidos.
En el mensaje, Fito apareció rodeado de custodios armados con fusiles y habló de la “obligación moral” de llegar a un acuerdo de paz con Los Tiguerones, Lobos, Fatales, Latin Kings, M-18 y Ben-10, otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Luego de ese video y otras medidas de seguridad, la jornada del miércoles lució más tranquila que la del 25 de julio, aunque la ciudadanía permanece temerosa, sobre todo en Esmeraldas, donde la delincuencia incendió vehículos, amenazó con explosivos y baleó instituciones estatales.
A su vez, el Gobierno anunció que amparados en el estado de excepción en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el municipio Durán, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron 575 operativos para frenar a las organizaciones delictivas.
También los militares mantienen un operativo en la Penitenciaría del Litoral, la mayor del país, ubicada en Guayaquil, y allí incautaron lanzagranadas, armas largas y cortas, fusiles, chalecos antibalas, celulares, dinero en efectivo y otros.
Cuatro días continuos de incidentes violentos en esa prisión dejaron, según la Fiscalía General, 31 reos muertos y 14 heridos, aunque la Policía informó el hallazgo de 11 cadáveres.
Aunque la cifra es inexacta, suman casi 500 privados de libertad fallecidos durante motines en centros de reclusión en el mandato del presidente Guillermo Lasso.
De acuerdo con el experto en temas de seguridad y sociólogo Fernando Carrión, al gobernante le queda poco tiempo en el cargo y en ese periodo hará más de lo mismo: decretar estados de excepción que hasta ahora no han dado resultado.
Violencia y crisis carcelaria dominan el escenario en Ecuador, que se encuentra a menos de un mes de ir a las urnas para elegir al sucesor de Lasso y a los 137 legisladores.
La mayoría de los candidatos presidenciales prometen reformas para enfrentar la inseguridad, principal preocupación de la ciudadanía.
Incremento del presupuesto para seguridad, capacitación y dotación de equipos para la fuerza pública, cambios en el sistema penitenciario y programas sociales para combatir la pobreza y la corrupción son algunas de las propuestas de los ocho aspirantes a la jefatura del Ejecutivo.
Ecuador cerró 2022 con cuatro mil 823 homicidios intencionales, con una tasa de más de 25 por cada 100 mil habitantes, cifra más alta de la historia, y estimaciones indican que en 2023 ese número podría llegar a 40 asesinatos por cada 100 mil personas.
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