En una entrevista divulgada este sábado por el Canal 12, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset (Parlamento), Yuli Edelstein (Likud), advirtió a Netanyahu que no cuente con su respaldo automático en las votaciones sobre esa iniciativa.
“Nos quedamos dormidos al volante, no tengo miedo de reconocer un error. Esta historia, donde cada vez que hay un compromiso alguien de la coalición veta y amenaza, se acabó”, aseguró.
Edelstein hizo alusión así a varios pactos alcanzados con la oposición sobre la reforma que luego fueron rechazados por los sectores más ultraderechistas de la alianza en el poder.
Así que estoy anunciando: De ahora en adelante, todo lo que salga a votación, debe coordinarse conmigo, ¿y si no? Eso significa que no necesitan mi voto, subrayó.
En similares términos se pronunció el legislador del Likud Eli Dallal, quien afirmó que no respaldará más movimientos unilaterales con respecto a esa propuesta.
Según el Canal 13, David Bitan, otro diputado de esa formación derechista encabezada por Netanyahu, asumirá la misma postura que Edelstein y Dallal.
Esta semana dos ministros abogaron por el diálogo y criticaron las posiciones extremas sobre la reforma judicial.
Podría ser necesario congelar la iniciativa para “calmar la situación, generar confianza y fortalecer la solidaridad”, afirmó el titular de la Alia (migración), Ofir Sofer, en declaraciones a la radioemisora Kan.
Por su parte, el titular de Agricultura, Avi Dichter, instó a “los cuerdos de ambos lados” a debatir la propuesta para oponerse a los “fanáticos de cada lado”.
Las protestas escalaron hace unos días tras una votación en la Knesset que eliminó la cláusula de razonabilidad, la cual permitía a la justicia israelí revisar y revocar decisiones gubernamentales.
La medida fue aprobada con el respaldo de los 64 legisladores que integran el bloque en el poder sin votos en contra porque la oposición se retiró en pleno del hemiciclo en señal de protesta.
Esa iniciativa es clave en la reforma que impulsa Netanyahu, que también restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes, al permitirle a la Knesset volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
El plan, además, permitiría al Ejecutivo de extrema derecha controlar el nombramiento de los magistrados.
Desde principios de año diversos sectores, desde médicos, universidades hasta sindicatos y empresarios, realizan protestas masivas en diversos puntos de la geografía nacional para denunciar la iniciativa, defendida por la derecha.
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