El pasado martes, mientras dos mil 700 militares intervenían la Penitenciaría del Litoral para controlar los disturbios iniciados tres días antes, la violencia estalló en ciudades como Esmeraldas y Guayaquil.
Allí los delincuentes quemaron vehículos, atacaron con explosivos instalaciones del Estado, hubo balaceras en sitios públicos, entre otros crímenes.
Tras esos acontecimientos, líderes de los grupos narcotraficantes hicieron un llamado a la calma y dijeron haber pactado con el Gobierno, acuerdo descartado categóricamente por Lasso, quien aseguró no hacer negociaciones con aquellos al margen de la ley.
Si bien se llegó a una calma relativa, la violencia no cesa y este viernes asesinaron a dos policías en Samborondón, Guayas.
En ese contexto, desde el lunes el mandatario decretó estado de excepción en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el municipio Durán, ubicado en Guayas, en un intento por frenar la inseguridad en esos territorios.
La medida se ha aplicado en más de 10 veces durante la actual administración y la tasa de muertes violentas sigue en aumento.
Una de las víctimas fue el alcalde de Manta, Agustín Intralgo, a quien balearon el pasado domingo cuando salía de la inauguración de una obra en su ciudad y en ese ataque armado murió también la futbolista Ariana Estefanía Chancay.
Lasso también decretó estado de excepción por 60 días en todas las cárceles del país debido a la «grave conmoción interna” en esos centros, donde hubo presos en huelga de hambre y agentes secuestrados.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó al Gobierno a realizar una reforma integral del sistema de justicia penal, incluidas las cárceles, que con frecuencia son escenario de disturbios como el de esta semana, que dejó 31 muertos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Ellos se suman a los más de 450 presos fallecidos en ese tipo de motines en los últimos dos años, o sea, bajo la custodia del Estado administrado por el presidente Lasso.
La ciudadanía exige al gobierno acciones efectivas para frenar la inseguridad, sin embargo, eso es difícil si el Ministerio del Interior no utiliza el presupuesto asignado para fortalecer a la fuerza pública.
Esa cartera ejecutó en el primer semestre del año apenas el 8,8 por ciento de los 96,9 millones de dólares asignados para combatir a la delincuencia y eso se traduce en falta de equipamiento y protección para la fuerza policial.
Los recientes estados de excepción decretados por el jefe del Ejecutivo no frenan a los actos delictivos y crecen las preocupaciones sobre cuánto esa situación puede incidir en el escenario electoral, pues la cita en las urnas está marcada para el 20 de agosto, en menos de un mes.
rgh/avr
