De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, se indaga si estas organizaciones cometieron fraude al fisco, malversación o tráfico de influencias, pero todavía es apresurado hablar de algún tipo de hechos ilícitos.
Las pesquisas comenzaron luego de descubrirse que la secretaría regional del Ministerio de Vivienda en Antofagasta entregó unos 530 mil dólares a la corporación Democracia Viva, ligada al partido oficialista Revolución Democrática, para supuestamente ayudar a los asentamientos precarios.
Desde que estalló el escándalo el 16 de junio varios funcionarios debieron renunciar, entre ellos la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y la de Cultura, Andrea Gutiérrez, así como tres secretarios regionales ministeriales.
La cifra total de fondos investigados sigue en evolución, dijo Valencia, aunque se habla de cerca de 15 mil millones de pesos (18,7 millones de dólares).
De acuerdo con el fiscal, no todas las corporaciones son de reciente creación y comentó que la Fundación Chinquihue y Horizonte Ciudadano son más antiguas.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Gabriel Boric declaró que, más allá del debate jurídico, quienes se sirvieron de recursos públicos e incurrieron en actos de corrupción deberán responder ante la justicia.
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