Esta semana, el cardenal Gregorio Rosa Chávez opinó que juzgar a más de 71 mil reos agrupados en grupos de 900 personas para acusarlos ante tribunales de crimen organizado bajo el supuesto de que todos pertenecen a clicas de la MS13 o canchas de la pandilla 18 es un error.
Mientras, abogados de la Fundación para el Debido Proceso como Victoria Barrientos, citados por radio YSUCA, observaron con preocupación la celebración de audiencias masivas.
La preocupación de Barrientos tiene fundamento y es que la Asamblea Legislativa aprobó recientemente unas reformas penales que permitirán juzgar en grupo a los capturados bajo tal medida, indicó la emisora.
El oficialismo defiende las enmiendas y asegura que facilitará el procesamiento de los miembros de las pandillas, pero expertos sostienen que con estas audiencias se condenará a personas inocentes.
Barrientos subrayó que el estado de excepción vigente desde el 27 de abril de 2022 suspendió una serie de garantías judiciales que, de acuerdo con el derecho internacional, “no pueden ser suspendidas”. Una de estas es el derecho a la presunción de inocencia, citó.
Agregó la letrada que en el país se criminaliza la pobreza y denunció que existe una política institucional de prácticas de torturas y tratos crueles hacia los privados de libertad.
La defensora subrayó que el régimen de excepción aumentó la desigualdad y la exclusión social en el país, y destacó que representa uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos, desde la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en México.
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