La administración del presidente Guillermo Lasso aceptó el pedido del Consejo Nacional Electoral (CNE) de modificar el decreto que estableció medidas excepcionales y toque de queda en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el municipio Durán, en Guayas.
De esa forma, funcionarios electorales, representantes de organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales y demás actores del proceso debidamente acreditados tendrán libre movilidad en esos territorios para garantizar los resultados hasta el 30 de agosto.
Entretanto, los candidatos presidenciales y a asambleístas nacionales se encuentran inmersos en la campaña en busca de votos y, a pesar de la inseguridad, la mayoría retomó los recorridos y mítines populares.
Los ataques a políticos y funcionarios públicos son cada vez más frecuentes, sobre todo en las provincias costeras, donde radican las principales bandas delictivas que operan en la nación sudamericana.
El jueves en la noche sicarios que se movilizaban en un vehículo asesinaron al director de Terrenos del municipio Durán, Miguel Santos, aún cuando en ese cantón rige el estado de excepción.
Otra arista del actual contexto de inseguridad es la crisis carcelaria, que durante esta semana quedó en evidencia con las intervenciones de policías y militares en la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, ubicada en Guayas.
Allí los uniformados encontraron un arsenal de guerra, pues los reos tenían dentro de sus celdas armas, municiones, explosivos, celulares y también algunas excentricidades, desde una granja de pollos y un estanque lleno de tilapias hasta perros, electrodomésticos y consolas de videojuegos.
Las autoridades reportaron los objetos incautados, pero sin explicar cómo entran a los centros de internamiento, ni quiénes son los responsables de un problema ya recurrente en el sistema penitenciario, administrado por el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI).
Justamente, el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, renunció el pasado martes sin que hasta ahora se nombre su reemplazo, que sería el sexto en ocupar el cargo durante el mandato de Lasso sin lograr acciones efectivas frente a la crisis carcelaria.
Por otro lado, el Gobierno sufrió dos nuevos reveses en la Corte Constitucional, que rechazó algunos de los artículos del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica porque, según la entidad, varios puntos ceden jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
La instancia judicial también suspendió el decreto ejecutivo 754, que favorecía a empresas mineras al instaurar consultas ambientales en comunidades mediante la militarización.
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