Lo que está haciendo Daniel es excepcional, defendiendo el poder de una manera preventiva, dijo el director de Radio La Primerísima en la revista matutina En Vivo del Canal Cuatro de la televisión nica.
El líder de opinión se refería a la actuación judicial de los últimos días contra políticos presuntamente implicados en delitos de lavado de dinero y otros lesivos a la soberanía nacional.
Recordó que el país marchaba en dirección a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo cuando ‘de pronto aparece esta conspiración y no queda de otra que defender el poder con los instrumentos al alcance del gobierno’.
Reiteró que la fuente del poder ejercido por el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional es democrática y se asienta en un marco jurídico existentes, no inventado para la ocasión.
Grigsby recalcó que a las personas detenidas del 3 de junio a la fecha no se les enjuicia por ser opositores, ‘el gran problema de Nicaragua es que no tenemos una oposición real, sino un grupo de vendepatrias o patricidas como les llamó el general (y líder antimperialista) Augusto C. Sandino’.
El comentarista radial y militante sandinista aseveró que en Nicaragua está funcionando un cartel de comunicación familiar, manejado por la familia Chamorro.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Fvbch), cuya representante Cristiana Chamorro enfrenta un proceso judicial por presunto delito de lavado de dinero y activos, financiaba a un medio de comunicación (diario La Prensa) del cual es socia y eso es corrupción, argumentó.
Acerca de la organización, que cesó operaciones el 5 de febrero último por propia decisión, Grigsby apuntó que en ese momento contaba en sus arcas con siete millones de dólares, y luego las autoridades encontraron esa cantidad en cuentas personales.
También se refirió al precandidato presidencial opositor Arturo Cruz, otro de los enjuiciados, quien la semana anterior de ufanaba de un viaje a Washington donde cabildeó para sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta por sus siglas en inglés).
Esa actuación, que afectaría el empleo de decenas de miles de nicaragüenses, es considerada punible por la Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
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