Partidos opositores al Gobierno acusaron, sin presentar ninguna prueba, al ahora exministro de estar vinculado con el llamado Caso Convenios sobre manejos irregulares de fondos públicos transferidos a fundaciones privadas para ejecutar proyectos sociales.
Incluso el ultraderechista Partido Republicano anunció una acción constitucional ante el Congreso de la República contra Jackson, con el apoyo de agrupaciones conservadoras como la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Renovación Nacional, entre otras.
También se le intentó vincular con el robo de más de dos decenas de computadoras y una caja fuerte en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, siempre sin demostrar ninguna evidencia al respecto.
La derecha condicionó su participación en el análisis de asuntos medulares para el país y la sociedad chilena en su conjunto, como las reformas al sistema previsional y el pacto fiscal, a la salida del funcionario de su puesto.
En su carta de renuncia, éste aseguró que “particularmente doy un paso al costado tras constatar también que mi presencia en el gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile hoy día demanda”.
Ya no hay más excusas, dijo Jackson, y por lo tanto el país está ante una oportunidad maravillosa de avanzar en protección social y mejorar las pensiones de las personas mayores que probablemente, entre tantas peleas, se preguntan cuándo llegarán.
Tras entregar su dimisión al presidente Boric, aseguró que se reserva el derecho como un ciudadano más de emprender acciones legales contra las calumnias y mentiras de las cuales fue objeto.
Giorgio Jackson pertenece, junto a Camila Vallejo, a la generación de jóvenes estudiantes que en 2011 encabezaron grandes movilizaciones en Chile para exigir educación gratuita y de calidad.
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