La sesión extraordinaria del juicio, que durará hasta las 23:59, hora local, del próximo viernes, fue convocada el 9 de agosto por la presidenta de la corte, ministra Rosa Weber.
Con el análisis virtual, el Supremo decidirá si abre acciones penales contra los acusados de las acciones antidemocráticas.
Si se aceptan las imputaciones, serán acusados y el proceso podrá iniciarse.
En estos casos, habrá recolección de pruebas y testimonios de testigos de la defensa y de la fiscalía.
Posteriormente, sin plazo para ocurrir, el STF clasificará a los inculpados. De acuerdo con el juzgado, estas denuncias fueron presentadas en indagaciones de la relatoría del ministro Alexandre de Moraes, del STF.
Una investigación busca a los autores intelectuales y a las personas que instigaron los actos, y la acusación es de incitación al crimen y asociación criminal.
Otra indaga sobre los ejecutores materiales de los delitos. Las denuncias, que serán juzgadas a partir de mañana, involucran infracciones previstas en el Código Penal como asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución e incitación al delito.
Los abogados y fiscales pudieron presentar alegatos orales hasta las 23:59, hora local, de este domingo.
Actualmente, siguen detenidas, como consecuencia de los actos golpistas, 128 personas (115 hombres y 13 mujeres), de las cuales 49 fueron detenidas el 8 y 9 de enero, después de los episodios violentos, y 79 en operaciones policiales realizadas en los últimos meses.
El 8 de agosto, el STF concedió libertad provisional, con la sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares, a 72 demandados por la tentativa golpista (25 mujeres y 47 hombres).
De Moraes entendió que, en razón del fin de la instrucción procesal, la libertad provisional de esos reos no representa más riesgo de perjuicio a las investigaciones.
Entre las medidas cautelares figuran la prohibición de ausentarse del país, entrega de pasaportes, prohibición de comunicarse con los demás involucrados, recogimiento domiciliar en la noche y los fines de semana, mediante uso de tobillera, entre otras.
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones de octubre, partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpieron y saquearon el 8 de enero los predios capitalinos del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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