La defensa de Delgatti pidió un salvoconducto al Supremo Tribunal Federal (STF) para que pueda permanecer en silencio en la CPI.
Según los abogados, el hacker puede verse perjudicado si se le obliga a proporcionar información.
«La presente impetración posee el único propósito de asegurarle el derecho al silencio absoluto», indica un fragmento del pedido.
El jurista Ariovaldo Moreira, quien dirige el equipo jurídico del ciberpirata, precisó que el habeas corpus es solo una garantía.
Pero, advirtió, que aún no ha decidido si lo guiará a permanecer en silencio o responder a las interrogantes de los diputados y senadores.
La víspera, Delgatti reveló ante la Policía Federal (PF) que recibió dinero (unos ochos mil dólares) de la congresista Carla Zambelli, partidaria del expresidente Jair Bolsonaro, para que invadiera cualquier sistema judicial brasileño.
Zambelli sostiene que contrató al programador para hacer el mantenimiento de su sitio. Ella sería escuchada por la PF a principios de mes, pero la declaración fue pospuesta a petición de su defensa.
El hacker entró en la mira de la PF por la invasión de los sistemas del Consejo Nacional de Justicia para incluir una inventada disposición de detención contra el ministro Alexandre de Moraes, titular del Tribunal Superior Electoral
Incluso, en el oficio había la frase «hace el L», uno de los lemas de la campaña electoral más reciente del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En esa ocasión, señaló que el documento falso fue redactado por Zambelli.
También la PF cumplió órdenes de búsqueda y captura contra la diputada en el apartamento y en su oficina durante la acción que arrestó a Delgatti.
La operación fue autorizada por De Moraes, quien determinó decomisar el pasaporte de la parlamentaria, dinero y bienes.
El arresto del hacker y la búsqueda contra Zambelli tuvieron lugar después del testimonio que Delgatti dio a la PF en junio.
Bajo pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, partidarios extremistas de Bolsonaro invadieron y saquearon el pasado 8 de enero las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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