Según declaró a la Agencia Boliviana de Información Carlos Fernando Huallpa, exministro de Minería de la administración golpista de la presidenta Jeanine Áñez, ‘Murillo actuó de mala fe, incurrió en hechos de corrupción y causó daño económico al Estado, por lo que tiene que asumir su responsabilidad’.
Huallpa, citado por la Fiscalía Departamental de La Paz como testigo en el caso Gases lacrimógenos, explicó que el gabinete de Áñez aprobó los tres decretos para la transacción de los gases lacrimógenos tras analizar el pedido del Ministerio de Gobierno.
Esas exautoridades suscribieron los documentos durante los primeros días del gobierno de facto que protagonizó el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Esos medios antimotines tuvieron un sobreprecio de 2,6 millones de dólares que beneficiaron al grupo de exfuncionarios y empresarios dirigidos por Murillo, en la actualidad detenido y procesado en Estados Unidos, añadió Huallpa.
La justicia estadounidense detuvo el 26 de mayo a Murillo y a otros exfuncionarios, empresarios y cómplices de la compra ilegal de las citadas armas no letales por delitos de soborno, lavado de dinero y apoyo a un clan mafioso internacional.
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