De acuerdo con Santos, existe un “problema constitucional” luego de los resultados de la consulta popular del pasado domingo, en la cual el 58 por ciento de la población ecuatoriana votó a favor de dejar el crudo bajo tierra en esa región amazónica.
En declaraciones a la prensa este miércoles, el titular informó que el Gobierno está a la espera de los resultados definitivos para ver “qué acción se puede tomar”.
El dilema, según el funcionario, es que si bien a nivel nacional la mayoría abogó por el cierre de los pozos petroleros en el Yasuní, la provincia amazónica de Orellana, donde está ubicado el llamado Bloque 43-ITT, dijo “No”.
El ministro insistió en que el artículo 57, numeral 7, de la Constitución de Ecuador indica que «quienes tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio».
El funcionario manifestó que la Corte Constitucional debería dirimir ese dilema sobre la interpretación de los resultados de la consulta.
Mientras tanto el representante gubernamental reiteró que necesitarán 90 días como mínimo para preparar un plan para el apagado progresivo de los pozos petroleros en el Yasuní y la recogida de la infraestructura, con lo cual corresponderá al próximo Ejecutivo implementarlo.
«Este Gobierno seguirá operando normalmente el bloque ITT hasta el día que se vaya, no haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción», aseveró.
Tras los resultados de la consulta, indígenas y activistas ambientales celebraron la decisión de la ciudadanía en las urnas de cerrar los pozos operados por la estatal Petroecuador en el Yasuní, espacio de la Amazonía ecuatoriana considerado uno de los más biodiversos del planeta.
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