Margaret Satterthwaite, relatora especial del organismo, expresó en un reciente análisis su preocupación por los ataques violentos y la intimidación que sufren los funcionarios oficiales de justicia, incluidos jueces, fiscales y funcionarios, así como los edificios judiciales en el país sudamericano.
Estos sucesos, aseguró, se han vuelto más preocupantes tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un evento de su campaña electoral en Quito, la capital ecuatoriana, el pasado 9 de agosto.
Las amenazas parecen ser especialmente pronunciadas para quienes se ocupan de casos de crimen organizado y corrupción, señaló la relatoría de la también profesora de derecho de la Universidad de Nueva York.
Los ataques socavan la independencia del sistema judicial, al tiempo que impactan directamente en el trabajo de jueces y fiscales en su lucha por garantizar el estado de derecho, añadió.
Además, violan las garantías y libertades fundamentales de las víctimas cuando los funcionarios deben tener la seguridad necesaria para llevar a cabo su trabajo.
Satterthwaite instó a las autoridades ecuatorianas a velar por la preservación de estas condiciones para el buen desempeño del poder judicial.
Entre 2022 y 2023, cuatro fiscales fueron asesinados y varios funcionarios judiciales han sido objeto de intimidaciones y amenazas, en tanto varios jueces penales sobrevivieron a ataques físicos e intentos de asesinato.
En ese período, varias instalaciones judiciales recibieron amenazas de bomba.
Solo en la región de Manabí se registraron 13 ataques y amenazas contra funcionarios judiciales.
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