La petición de retiro de inmunidad contra jueces en activo de la Corte Constitucional (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), corrió a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) por el expediente Comisiones Paralelas 2020 en curso de investigación.
En la lista aparece Néster Vásquez, quien hace solo cinco días asumió su cargo en la CC, después de que el Congreso aprobara a toda carrera su juramentación a pesar de existir impugnaciones en su contra.
También están ocho jueces de la CSJ, entre ellos su presidenta Silvia Valdés, al frente también del Organismo Judicial por segundo mandato consecutivo porque el Legislativo aún no vota los nuevos integrantes.
Sobresale, asimismo, el presidente del TSE, Ranulfo Rojas, nombrado el pasado 2 de junio en medio de críticas de organizaciones civiles, de acuerdo con la información presentada por la Feci, tras recibir autorización de la Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Medios de prensa como La Hora vincularon el permiso de la Fiscal General con la reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y su llamado al Gobierno de Alejandro Giammattei a garantizar la independencia judicial y el combate a la corrupción en un contexto de crisis, sobre todo, por la reticencia del Congreso a renovar la CSJ y de Apelaciones, un proceso pendientes desde 2019.
La Feci busca el retiro de inmunidad de los 10 magistrados por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, actividades relacionadas con su función de comisionados de postulación para aspirantes a miembros titulares de la CSJ y de Salas de Apelaciones.
Según la Fiscalía del MP, en el caso Comisiones Paralelas 2020 estarían involucrados políticos, comisionados, candidatos, diputados y empresarios en función de manipular las nóminas para la designación de las Cortes a favor de la impunidad y la corrupción.
Otro tema noticioso de impacto en este país centroamericano fue la decisión, el pasado miércoles, del juez Miguel Ángel Gálvez de abrir proceso judicial contra seis exjefes militares implicados en desapariciones y torturas del caso Diario Militar.
Los cargos van desde desaparición forzada, delitos contra deberes de la Humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa y responden a las audiencias de primera declaración celebradas en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde querellantes y familiares de las víctimas expusieron las atrocidades cometidas por los antiguos miembros del Ejército y la Policía, luego de su detención a finales de mayo.
El Diario Militar o también llamado Dossier de la Muerte es un documento de inteligencia del Ejército sustraído de esa institución, el cual contiene información de 183 personas desaparecidas, en su mayor parte asesinadas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la década del 80.
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