De acuerdo con los empresarios, un total de 176 procesos están paralizados, lo cual tendrá a corto plazo un impacto económico negativo de dos mil millones de dólares.
El pasado 1 de agosto, la Corte emitió una medida cautelar en respuesta a una solicitud de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el Decreto 754, el cual regula las consultas ambientales de proyectos mineros y productivos en las comunidades.
El organismo de control constitucional consideró “verosímiles, inminentes y potencialmente dañinos” los procedimientos consultivos tal como aparecen en la normativa impugnada.
Activistas apuntan que la medida, firmada por el presidente Guillermo Lasso el 31 de mayo, viola los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera y confunde la consulta ambiental con la consulta libre, previa e informada establecida en la Constitución.
Con el decreto 754 el Ejecutivo reformó el Código Orgánico del Ambiente, y permitió al Ministerio de Ambiente llevar a cabo procesos de consulta ambiental a través de la militarización de territorios.
En algunas localidades, como Las Naves y Sigchos, en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente, los habitantes protestaron para pedir la suspensión de las consultas ambientales amparadas en ese decreto y eso generó enfrentamientos de indígenas y campesinos contra policías y militares.
En el mes de julio el Frente Nacional Antiminero denunció que unos 300 uniformados dispararon bombas lacrimógenas y piedras al pueblo que se manifestaba en Las Naves.
Incluso, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, repudió los choques violentos en dichas localidades y los catalogó como un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser escuchados y no reprimidos.
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