La corte analiza tal tesis, la cual establece que los nativos solo tienen derecho a posesiones tradicionalmente ocupadas por ellos el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.
Si se aprueba ese hito, los pueblos originarios solo podrán reivindicar las áreas que ocupaban en esa fecha.
Ambientalistas critican la propuesta, al afirmar que puede dificultar la circunscripción de nuevos terrenos y abrir brechas para el avance de prácticas como el acaparamiento.
Según datos del Consejo Nacional de Justicia, se registran 226 casos suspendidos en las instancias inferiores del Poder Judicial, a la espera de una definición sobre el tema.
En la práctica, el marco temporal instituye que áreas sin la ocupación de indígenas o con la de otros grupos en ese período no pueden ser demarcadas.
Hasta el momento, en el STF votaron contra el marco temporal en el juicio el relator del caso, Luiz Edson Fachin, y el ministro Alexandre de Moraes; solo el juez Kassio Nunes Marques, estuvo a favor de la iniciativa.
El examen debe reanudarse con el voto del ministro André Mendonça, que en junio pidió vista (más tiempo para el análisis).
Luego, deben votar los magistrados Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Antonio Días Toffoli, Carmen Lucía, el decano Gilmar Mendes y la presidenta del Supremo, Rosa Weber.
Weber, quien debe dejar la corte en septiembre, señaló que pretende presentar su voto antes de la jubilación.
En 2021, Fachin votó contra la aplicación de la tesis.
Señaló que la posesión tradicional indígena es diferente de la civil y que la demarcación es un procedimiento que declara un derecho que los pueblos originarios ya tienen.
Argumentó que las áreas no pueden ser vendidas y el derecho de las comunidades indígenas a las tierras no puede sufrir restricción por el paso del tiempo.
Líderes aborígenes aseguran que el marco temporal excluye la realidad histórica y cultural de las aldeas originarias y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con la demarcación de patrimonios, denuncian, se ignora las acciones de colonizadores, latifundistas y proyectos económicos que se valieron de desalojos forzados, violencias y masacres para expulsar a los nativos de sus territorios.
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