Mediante una misiva, argumentaron que los actos oficiales de la jefa del Ministerio Público afectan la seguridad, la certeza jurídica, los intereses nacionales, la estabilidad política y democrática del Estado, así como la armonía en las relaciones internacionales.
Las asociaciones, colectivos, autoridades ancestrales de los pueblos originarios y otras formas de participación expusieron como motivos para la decisión, “el mal desempeño de las obligaciones del cargo y la deficiente dirección de la institución”.
Precisaron abuso de autoridad, realización de actos contrarios al orden constitucional, entre ellos persecución penal contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Registrador de Ciudadanos y miembros de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales.
Señalaron además el ocultamiento al propio mandatario del país de los planes criminales de asesinato contra la pareja presidencial electa, Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Ello provocó -describieron- que Giammattei diera una información diferente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al ser cuestionado al respecto.
Incluyeron que Porras ha puesto en demérito la situación guatemalteca ante la Comunidad Internacional y ejecutó actos contrarios a la confianza del jefe de Estado.
El MP no puede actuar mientras el proceso electoral no haya finalizado, tampoco durante ni después de los comicios, ya que este es de competencia propia y está bajo la jurisdicción del TSE, consideraron los firmantes en el texto.
Organizaciones locales e internacionales, desde la sorprendente victoria del partido Movimiento Semilla en la primera vuelta de los comicios, advirtieron sobre las maniobras ilegales del MP y un posible golpe técnico a la democracia.
Porras defiende investigaciones en curso y se aferra a su cargo, a pesar de los cuestionamientos, las reiteradas protestas en demanda de su renuncia y el amplio respaldo a la decisión ciudadana expresada en las urnas el pasado 20 de agosto.
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