Según el derecho internacional humanitario, los detenidos palestinos son personas protegidas y pueden comunicarse con sus familias, señaló el CICR en un comunicado.
La declaración es una respuesta a la decisión del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de limitar las visitas familiares de los prisioneros palestinos a una vez cada dos meses, el doble a lo planificado en la actualidad.
El organismo internacional afirmó que “solo en los primeros seis meses de 2023, más de 29 mil familiares pudieron visitar a los reclusos (palestinos) en las cárceles” israelíes.
El gobierno, partidos y organizaciones palestinas condenaron ayer en duros términos la nueva medida.
Las acciones racistas anunciadas por el racista ministro contra nuestros detenidos amenazan con hacer explotar la situación, alertó en la red social X (antes Twitter) el secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), Hussein al-Sheikh.
Osama al-Qawasmi, miembro del Comité Político de la OLP, estimó que la medida demuestra la mentalidad racista en Israel y aseguró que es un nuevo ejemplo de su programa fascista y colonial contra el pueblo palestino.
Mientras, Qaddura Fares, presidente de la Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros, estimó que el objetivo “es infligir sufrimiento a los detenidos y sus familias” y aseguró que el pueblo palestino no se rendirá ni abandonará la lucha por la dignidad y los derechos de sus compatriotas en las cárceles.
Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, las visitas se realizarán sólo una vez cada dos meses, lo cual duplica el tiempo de espera, y afectará a unos mil 600 de los casi cinco mil reclusos palestinos.
Ben Gvir adoptó la nueva política, que comenzará el próximo domingo, sin consultar a los estamentos de seguridad y con la oposición de la directora del Servicio Penitenciario, Cathy Perry, subrayó el rotativo.
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