No ha habido tantos palestinos en detención administrativa desde el primer levantamiento o Intifada (1987-1993), alertó esa organización en un comunicado, que cita los últimos datos del Servicio Penitenciario.
La cifra supera la anterior marca alcanzada en marzo de 2003, cuando estaban en las cárceles mil 108 detenidos bajo esa política, utilizada para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Incluso durante los últimos años de la segunda intifada (2000-2005), el número rondó los 700, subrayó la ONG.
Esta es una detención masiva y arbitraria, Israel mantiene retenidos a más de mil 200 palestinos sin cargos ni juicio, algunos de ellos durante años sin una revisión efectiva, criticó la directora ejecutiva de Hamoked, Jessica Montell.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, cuestionó recientemente el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem).
“Según la ley militar que se aplica en Cisjordania, una persona puede ser detenida administrativamente durante seis meses, pero la orden puede prorrogarse, por lo cual la reclusión en la práctica es indefinida y los detenidos nunca saben cuando serán liberados”, alertó.
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