De acuerdo con un reporte del portal digital Primicias, el gasto público en temas de seguridad creció apenas en 5,0 por ciento en lo que va 2023, pese a que este ha sido el año con la peor ola de violencia ligada al narcotráfico.
Según el informe periodístico, el Estado destinó más de dos millones de dólares a seguridad entre enero y agosto de 2023, que incluían los pagos de salarios de policías, militares y equipamiento como armas, fusiles o chalecos.
Sin embargo, para el economista Andrés Albuja esa cifra no es suficiente en medio del escenario de violencia que vive Ecuador.
Albuja declaró al medio de prensa que la última semana de agosto marcó un nuevo hito en la crisis, pues se reportaron explosiones de coches bomba en Quito y en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay, así como secuestros de uniformados e incendios en centros de privación de libertad.
En 2022 el presidente Guillermo Lasso prometió destinar más recursos a la seguridad y ofreció incrementar el número de agentes policiales, que en junio pasado se elevó en ocho mil 500.
Pero, aunque hay más policías, graduados en tiempo récord, los implementos como balas, chalecos, armas, cascos, vehículos, que requieren los agentes, no son suficientes, denunció Albuja.
El ministro del Interior, Juan Zapata, ha justificado que las compras de implementos para los uniformados tardan porque estos no se fabrican en la nación sudamericana y se requiere hacer pedidos al exterior.
La crisis de inseguridad escala cada día en todo el territorio nacional donde, a 45 días de los comicios presidenciales, se registran estallidos de coches bomba, motines carcelarios y un Gobierno acusado de no saber sobre planes contra el excandidato asesinado Fernando Villavicencio.
El escenario se vuelve cada vez más turbio a las puertas de la segunda vuelta electoral del venidero 15 de octubre, cuando los ciudadanos irán a las urnas a elegir presidente entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González; y de la alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa.
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