Nuestro objetivo será tener un monto que nos permita cumplir con el plan de gobierno, será un reto importante y si no, nos va a tocar operar con el actual que requerirá algunas transferencias entre carteras, declaró el jefe parlamentario de esa agrupación, Samuel Pérez.
La negociación será complicada y dependerá de cómo entiendan las y los diputados actuales el mensaje del pueblo de Guatemala en las urnas, precisó, en referencia al proyecto presentado la semana pasada en el órgano legislativo y en análisis hasta el 30 de noviembre.
“De todas formas vamos a dar la batalla para lograr el presupuesto que necesitamos. Pero no va a ser fácil”, reflexionó Pérez, quien aseguró que si no se da ese escenario ajustarán las prioridades del plan de Gobierno en función del que logren.
Idealmente buscaríamos el que propusimos, porque ese es el que nos permite cubrir lo que prometimos, de eso depende el cumplimiento de la implementación de las políticas, si no se da ese contexto, sí hay formas de maniobrar, consideró el líder de la bancada.
El diputado electo de Semilla, Jonathan Menkos, expresó, por su parte, que para implementar el plan de gobierno en el primer año de gestión necesitarán 127 mil 600 millones (poco más de 16 mil millones de dólares).
El Ministerio de Finanzas envió al Congreso 124 mil millones de quetzales, por sobre los 118 mil 173 (poco más de 15 mil millones de dólares) de 2023, el más alto de la historia.
Los datos reflejan a Educación con la mayor cifra asignada, le siguen la cartera de Salud, Gobernación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como Defensa.
Analistas advirtieron que no se trata del presupuesto de Semilla, sino del país y que va a servir a las y los guatemaltecos, especialmente a la niñez.
El subdirector del Congreso, Marvin Alvarado, informó la víspera a los legisladores el restablecimiento del bloque de Semilla, agrupación política calificada de progresista. Ello, a partir de que el Tribunal Supremo Electoral revocara la resolución del Registro de Ciudadanos, sobre la suspensión de la personalidad jurídica de esa fuerza hasta el 31 de octubre.
Ante intentos por socavar el proceso de los sufragios, entidades locales e internacionales insisten en el llamado a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
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