Al citar a la PF, el portal G1 aseguró que los mandatos fueron autorizados por el Supremo Tribunal Federal (STF) y alcanzan direcciones en siete estados: Ceará (dos), Mato Grosso do Sul (dos), Minas Gerais (26), Santa Catarina (tres), Sao Paulo (12) y Tocantins (dos).
La justicia también autorizó el bloqueo de bienes de estos objetivos y la estimación de los tres poderes es que los perjuicios a las sedes en la Explanada de los Ministerios superen los 40 millones de reales (un poco más de ocho millones de dólares) y los autores pueden ser condenados a resarcirlos.
Esta es la 16 fase de la Operación Lesa Patria, iniciada a la semana siguiente de las acciones antidemocráticas en Brasilia para investigar y arrestar a los involucrados en la depredación y en el estímulo al golpismo.
De acuerdo con la PF, hasta este martes Lesa Patria registra 78 órdenes de detención ejecutadas, 277 de registro y decomiso, y 17 investigaciones abiertas.
En la fase anterior de la operación, en agosto pasado, la Policía arrestó a ocho sospechosos de convocar los ataques en la capitalina plaza de los Tres Poderes.
La presidenta del STF, Rosa Weber, marcó para el 13 y 14 de septiembre los primeros juicios de reos por la tentativa golpista.
Detenido en flagrante dentro del Congreso Nacional por la Policía del Senado, Aécio Lúcio Costa Pereira, exfuncionario de la Compañía de Saneamiento Básico de Sao Paulo, será el primer acusado en ser juzgado por la corte.
Figuran también en la pauta del Supremo acciones penales contra Thiago de Assis Mathar y Moacir José dos Santos.
Todos ellos responden por la práctica de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
Asimismo, por daño calificado por la violencia y grave amenaza, con empleo de sustancia inflamable, contra el patrimonio de la Unión y con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio derribado.
En total, la Procuraduría General de la República presentó mil 390 denuncias contra personas arrestadas durante los episodios antidemocráticos.
De ellas, mil 341 se convirtieron en reos, lo cual significa que los procesos pasaron a la fase posterior e incluye recolección de pruebas, con alegaciones de testigos de acusación y defensa.
Ahora, con los juicios por el plenario, los ministros analizarán si absuelven o condenan a los acusados de invadir y saquear las sedes del Parlamento, el STF y el Palacio Presidencial.
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