Los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, revelan que se devastaron 563,09 kilómetros cuadrados de selva, frente a los mil 661,02 de agosto de 2022, lo cual supone una reducción del 66 por ciento.
Desde abril, el llamado pulmón del mundo presenta caídas consecutivas en la deforestación, lo que fue celebrado durante un evento el 5 de septiembre en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, para conmemorar el Día de la Amazonia, con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En la ocasión, Lula anunció la demarcación de dos tierras indígenas en la Amazonia y un nuevo programa que prevé transferencias de hasta 600 millones de reales (más de 12 millones de dólares) del Fondo Amazónico para que los municipios inviertan en acciones de combate a la hecatombe en los bosques.
El gobernante señaló que «el pueblo amazónico merece tener sus derechos garantizados para una vida mejor».
La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, indicó en la ocasión que «luchamos por la Amazonia viva, para que sigamos vivos. Amazonia es vida para todos nosotros, todo el planeta».
Insistió en que se trabaja “por una Amazonia capaz de sostener y compartir su riqueza en beneficio de la supervivencia de la Tierra».
Lula firmó en abril la homologación de la demarcación de seis territorios nativos, los que constituyeron las primeras de su tercer mandato y, según el Gobierno, cerraron un período de cinco años sin jurisdicciones.
Realizada por decreto rubricado por el presidente de la República, la homologación es el último acto antes del registro formal del patrimonio indígena.
Tal anuncio de Lula afloró en momentos en que el Supremo Tribunal Federal analiza el llamado marco temporal que definirá el futuro de la demarcación de las tierras originarias.
El marcador está cuatro a dos contra la polémica tesis, la cual establece que los nativos solo tienen derecho a posesiones tradicionalmente ocupadas por ellos el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.
La iniciativa resulta una interpretación del artículo 231 de la Carta Magna en la que «se reconocen a los indígenas, su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones».
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