El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, denunció que su partido es el único sin recibir el anticipo de la deuda política que le correspondía, por ley, tras las elecciones de 2021.
Mientras, el candidato a la vicepresidencia en la tolda roja, Werner Marroquín, ubicó ese procedimiento en los presuntos planes gubernamentales para buscar la desaparición del partido al privarlo de financiamiento que otras agrupaciones ya recibieron.
¿Cómo puede ser que al FMLN es al único partido al que tienen dos años de no darle la deuda política? Eso es fraude, una ilegalidad», dijo Ortiz durante la presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido.
Las organizaciones que participan en las elecciones recibirán una suma de dinero por cada voto válido que obtengan, según lo regula la Ley de Partidos Políticos, lo que se traduce que en El Salvador un voto vale o aporta a cada grupo 5.27 dólares.
En otras palabras, el anticipo de deuda política es un mecanismo de financiamiento público disponible para todas las entidades en contienda que participaron en las últimas elecciones. Se entrega, además, de acuerdo al número de votos recibidos por cada agrupación.
Según los directivos del FMLN a este le correspondía al menos un millón 100 mil dólares y que hasta ahora el Ministerio de Hacienda no se dignó en cumplir con la ley.
Ya otras agrupaciones como Nuestro Tiempo y Vamos, bancadas minoritarias en la Asamblea Legislativa, recibieron sus fondos de deuda política, mientras el partido Nuevas Ideas, en el gobierno, obtuvo al menos 12 millones de dólares para financiarse, algo que no extraña a analistas del tema.
Para los próximos comicios estimados señalan que el desembolso podría rondar los 34.7 millones de dólares, según cifras citadas por la organización Acción Ciudadana, y con la convocatoria a elecciones realizada por el TSE el 6 de septiembre, los partidos fueron habilitados para solicitar el anticipo de la deuda política de cara a las elecciones 2024.
El financiamiento público o deuda política está recogido en el artículo 210 de la Constitución que establece: “el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia”.
Ahora está en mano del TSE cumplir su promesa de “garantizar elecciones libres, igualitarias, competitivas y transparentes con respecto a las leyes” y al menos evitar que el gobierno no utilice ningún recurso estatal en beneficio de un partido político o candidatura «como ha sido la tradición», según denuncias.
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