De acuerdo con la organización gremial, la normativa -que para entrar en vigor necesita aún el aval de la Corte Constitucional– violenta la Carta Magna, la cual plantea que el monto para la enseñanza pública debe ser progresivo, creciente, intransferible e irreductible.
La disposición de Lasso provocaría una profundización de la crisis en el sector educativo, de donde en el año lectivo 2021-2022 abandonaron las escuelas seis mil 760 niños, quienes se suman a las 195 mil estudiantes que dejaron las aulas en el contexto de la pandemia de Covid-19, señaló la UNE.
Igualmente, los profesores advierten que el texto normativo afectará otros sectores sociales como salud y seguridad social.
La asociación de educadores afirmó que el mandatario arremete contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al buscar eliminar los intereses de la deuda del Estado con esa institución, de alrededor de dos mil millones de dólares.
Desde el magisterio hacemos un llamado a la más amplia unidad y movilización de los distintos sectores populares para frenar esos abusos por parte del Gobierno y presentaremos acciones legales contra la norma ante la Corte Constitucional.
Para este lunes el Frente Unitario de Trabajadores, del cual la UNE forma parte, convocó a una rueda de prensa para anunciar acciones de protesta contra el decreto de Lasso.
El gobernante firmó el texto el pasado 5 de septiembre con el objetivo de que “el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos”.
La Corte no tiene plazo para emitir un criterio sobre la propuesta y ya ha rechazado tres de las cuatro iniciativas enviadas a revisión por el jefe del Ejecutivo en los últimos tres meses, luego de disolver el legislativo con la aplicación de la muerte cruzada.
La entidad jurídica aprobó una reforma tributaria, pero negó la implementación de decretos para la reestructuración de créditos educativos, la creación de zonas francas, y beneficios para empresas en quiebra.
El organismo judicial consideró que esos temas no son urgentes y pueden ser tratados por la próxima Asamblea Nacional (Parlamento), la cual tomará posesión tras la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral el 15 de octubre cuando se definirán una veintena de curules.
En su dictamen de rechazo de esas dos iniciativas, la Corte señaló que constituye un riesgo para la democracia aprobar todas las medidas propuestas por Lasso porque en un futuro los gobernantes, en un contexto de parlamento disuelto, podrían recurrir a gobernar abusivamente por fuera del Estado de Derecho.
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