Tal caso comenzó a ser discutido en el pleno virtual de la corte superior el 5 de febrero, pero se suspendió después que Barroso pidiera más tiempo para el análisis.
La audiencia se reanudará el 26 de febrero.
El presidente Jair Bolsonaro modificó cuatro decretos de 2019 que imponían límites a la adquisición de armas y municiones por parte de agentes de seguridad y grupos de coleccionistas, tiradores y cazadores.
La medida impugnada en el Supremo fue firmada en diciembre por el Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de Comercio Exterior y puso en cero la tasa sobre las armas importadas, actualmente fijada en 20 por ciento.
El mandato, que entraría en vigor en enero, fue suspendido por orden judicial del magistrado Edson Fachin, del STF, en una demanda presentada por el Partido Socialista Brasileño.
Para Fachin, el impuesto cero que pretende el Gobierno tiene el potencial de contradecir el derecho a la vida y el derecho a la seguridad. El Estado debe garantizar la seguridad de la población, no el ciudadano, alertó.
La Agencia Estado indica que grupos de presión y empresarios de armas y municiones tienen una presencia regular en oficinas de la administración de Bolsonaro.
Solo entre enero y abril de 2020, hubo al menos 73 audiencias y reuniones con representantes de la industria.
Desde que asumió el cargo en enero de 2019, Bolsonaro adoptó medidas para flexibilizar el acceso de la población a armas y municiones, una de las principales banderas de su campaña.
El primer decreto llegó dos semanas después de su toma de posesión el 15 de enero de 2019. En esa ocasión, el exmilitar facilitó el acceso a las armas a los agentes públicos vinculados al área de seguridad, a los habitantes de las zonas rurales, de las áreas urbanas de estados con más de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.
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