Como pidió la Fiscalía General, el STF consideró culpables a Aécio Lúcio Costa, a Matheus Lima de Carvalho y a Tiago de Assis.
Costa y Lima de Carvalho deberían cumplir 17 años de prisión, mientras que De Assis fue condenado a 14 años de cárcel.
El ministro Alexandre de Moraes, ponente en el Supremo de la asonada, pidió 17 calendarios entre barrotes para Costa, primer acusado por las acciones antidemocráticas.
Con base a pruebas audiovisuales, De Moraes atribuyó al acusado los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado, golpe de Estado, deterioro del patrimonio derribado y asociación criminal armada.
Lima de Carvalho, de 23 años, fue detenido en la fecha de las acciones antidemocráticas en la Explanada de los Ministerios, con una navaja, además de una bandera y una camisa de Brasil.
Contra él fueron presentadas pruebas como fotos en el área externa e interna de los edificios, además de diálogos relatando a la esposa, embarazada en casa, lo que ocurría en los episodios del 8 de enero.
De Assis, quien entró en el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo), fue condenado a 14 años de cárcel, porque se consideró que no alentó el golpe en sus redes sociales.
De los mil 390 inculpados, el Supremo deberá juzgar a mil 387, cuyos niveles de participación en la tentativa serán determinados de forma individual, pues el derecho brasileño no contempla las responsabilidades colectivas.
Una semana después que el exsindicalista Luiz Inácio Lula da Silva fuera investido presidente de Brasil, el 1 de enero, un hormiguero de adeptos radicales de su predecesor, el político ultraderechista Jair Bolsonaro, invadieron y saquearon los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial, a gritos de intervención militar.
Bolsonaro, quien tiene suspendidos sus derechos políticos por ocho años por un caso de fraude, es investigado por su presunta incitación a los ataques.
De Moraes decidió incluir en la causa al exmilitar, que en el momento de los asaltos y el vandalismo estaba fuera del país, por un mensaje publicado días antes del complot golpista, en el que cuestionaba la fiabilidad de las urnas electrónicas.
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