Este lunes la CC convocó a una audiencia pública para analizar el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para declarar inconstitucional ese decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 31 de mayo.
Indígenas y activistas en la nación sudamericana consideran que la medida viola los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera y confunde la consulta ambiental con la consulta libre, previa e informada establecida en la Constitución.
Con el decreto 754, el Ejecutivo reformó el Código Orgánico del Ambiente, y permitió al Ministerio de Ambiente llevar a cabo procesos de consulta ambiental a través de la militarización de territorios.
El Comité Empresarial Ecuatoriano, por su parte, solicitó a la Corte reconsiderar la suspensión de la medida porque 176 procesos están paralizados, lo cual tendrá a corto plazo un impacto económico negativo de dos mil millones de dólares.
En algunas localidades, como Las Naves y Sigchos, en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente, los habitantes protestaron contra las consultas ambientales amparadas en ese decreto y eso generó enfrentamientos de indígenas y campesinos contra policías y militares.
A raíz de los sucesos, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, repudió los choques violentos en dichas localidades y los catalogó como un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser escuchados y no reprimidos.
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