El mandatario, quien cumple agenda oficial en la ciudad estadounidense de Nueva York, precisó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que las acciones tiene lugar en las localidades de Punino (Orellana) y Talag (Napo), en los márgenes de los ríos Punino, Mulatos y Niágara.
“Estamos protegiendo la naturaleza y evitando su destrucción por parte de organizaciones criminales que hacen negocio explotando nuestros recursos”, publicó el gobernante.
Las acciones se realizan en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía no Renovables, agregó Lasso.
En enero de este año, el gobierno de Ecuador declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional por el impacto negativo sobre el medio ambiente, así como su influencia en la precarización laboral y vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas.
La declaratoria vino acompañada con la decisión de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garanticen el trabajo de las concesiones mineras legales, con la justificación de que estas últimas aportan al crecimiento de la economía y, por tanto, deben recibir la protección del Estado.
Organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazan cualquier tipo de extracción de recursos naturales independientemente de su legalidad.
Toda la minería en Ecuador es ilegal, porque no han respetado la Constitución, porque en todas sus etapas están obligados a una consulta previa, según el líder de la Conaie, Leonidas Iza.
A su vez, activistas ambientales e indígenas se encuentran movilizados contra el Decreto Ejecutivo 754, una normativa firmada por Lasso el 31 de mayo y que facilita el otorgamiento de licencias ambientales para el extractivismo.
La medida está suspendida temporalmente a solicitud de la Conaie y colectivos como el Frente Antiminero, que consideran la medida como una violación a los derechos de las comunidades al confundir la consulta ambiental con la consulta libre, previa e informada establecida en la Constitución.
Una investigación reciente de la Fundación Ecociencia en Ecuador reveló que el país andino ha perdido mil 660 hectáreas de selva en la Amazonía debido a la actividad minera.
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