El incremento de los asesinatos en ese territorio tiene lugar a pesar de que en todo el país rige un estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso el 9 de agosto, a raíz del atentado que cobró la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El alcalde de Durán, Luis Chonillo, decretó también estado de emergencia en el territorio desde el pasado lunes ante los altos niveles de violencia. El jefe del ejecutivo local solicitó apoyo del gobierno central para frenar la inseguridad sin tener la respuesta esperada, aunque circulan por allí carros tácticos Cobra II incorporados recientemente a las Fuerzas Armadas.
Tampoco desde el Ministerio de Educación le autorizaron cambiar la modalidad de clases, de presencial a virtual, para evitar incidentes en las escuelas.
Las muertes violentas en Durán superan las 190 en lo que va del año, un 60 por ciento más respecto a 2022, según cifras oficiales.
Medios de comunicación locales señalan que el recrudecimiento de la violencia se debe a una guerra sin cuartel entre las bandas narcodelictivas de los Latin Kings y Chone Killers, por el control total del territorio.
Esa zona se ha convertido en centro de acopio de droga desde donde salen cargamentos de cocaína a Posorja, para su salida a través de buques mercantes o lanchas rápidas hacia el norte del continente, señaló el portal digital Primicias.
El presidente Lasso dijo este miércoles, durante su intervención ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que la violencia que actualmente azota al país se debe al «golpe causado a los bolsillos de los criminales» con la incautación de drogas.
Sin embargo, expertos apuntan a la falta de políticas públicas e inversiones sociales como otras causas del problema.
En 2022, la nación sudamericana vivió su año más sangriento, con cuatro mil 823 homicidios intencionales y este año concluirá con una cifra superior, pues hasta agosto se registraron cuatro mil 835 homicidios.
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