La intención es adquirir directo una instalación que se adecue a las necesidades del Organismo Legislativo, expuso el primer vicepresidente, Boris España, para quien ya no caben en el actual ni pueden seguir pagando tanto dinero en alquileres.
“Yo no sé si se ponen de acuerdo o no, pero cada año los propietarios de los edificios nos suben los precios”, comentó el también afiliado a la fuerza política en el poder.
Consideró peor que los remozamientos y acondicionamientos de las oficinas corren por cuenta del Congreso y luego, si el contrato se acaba, la inversión se quedó en esas obras, dijo.
El pago se haría en plazos, acotó el parlamentario, pues no pretenden utilizar los ahorros del Legislativo para la adquisición, añadió.
“Lo que queremos es sustituir el pago de alquileres, por una cuota mensual, pero ya para una instalación que será nuestra”, remarcó España.
Además, expresó el ingeniero y político, con el nuevo edificio se evitará que unos diputados tengan más y mejores espacios u oficinas que otros.
“Sé que no nos va a dar tiempo pero, por lo menos, queremos dejar avanzado, para que sea la próxima legislatura la que se encargue de pagar”, aseveró.
El primer vicepresidente adelantó que el Parlamento se convertiría en un museo y, descartó, su utilización siquiera para las reuniones plenarias.
La fiscalización ciudadana frenó en este país intenciones de este tipo anteriores, al revelar intereses oscuros detrás de los proyectos, o relación de algunos de los promotores de la idea de la compra con cárteles del narcotráfico.
El diseño y construcción del Congreso de la tierra del quetzal tuvo lugar durante el gobierno del expresidente Lázaro Chacón (1926-1930), mientras la inauguración se produjo el 1 de marzo de 1934, en el mandato de Jorge Ubico (1931-1944).
El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala lo declaró, mediante decreto en 1998, Patrimonio Cultural de la nación, junto a sus anexos Casa Larrazabal y Casa de la Cultura.
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