De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias, alrededor de 165 oficiales representantes de diversos movimientos palestinos fueron desplegados en los puntos de conflicto para aliviar la tensión y tranquilizar a los ciudadanos.
La primera etapa se completará con la retirada de los grupos extremistas de las escuelas y la entrega de los centros a la agencia de refugiados de Naciones Unidas para su mantenimiento.
El objetivo del plan de despliegue es restaurar la vida a la normalidad en el campo, tranquilizar a las familias y pedir a las instituciones de ayuda lanzar un llamamiento para asegurar los fondos necesarios y recuperar lo destruido durante la rivalidad, precisó la publicación.
Según el miembro del Comité de Acción Palestina Conjunta en Saida, Fouad Othman, Ein al-Hilweh seguirá siendo una dirección para el derecho al retorno de los ciudadanos y todos los proyectos encaminados a poner fin al campamento fracasarán.
Al mismo tiempo, reveló que el expediente para la extradición de los acusados de asesinar al general de brigada Abu Ashraf Al-Armushi, y cuatro de sus compañeros está bajo la custodia del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, y los pilares del Estado, con el consenso de las fuerzas políticas libanesas y palestinas.
Después de una semana de enfrentamientos, el 14 de septiembre entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en el campamento tras el éxito de los esfuerzos del titular del legislativo libanés con los líderes de los movimientos Fatah y Hamas.
La rivalidad entre Fatah y grupos extremistas provocó muerte, heridos y el desplazamiento de los refugiados, además de tensar la situación de seguridad en el campamento y en la ciudad costera de Saida.
El 29 de julio, el campo fue testigo del estallido de los enfrentamientos entre Fatah y organizaciones armadas, que aumentó después del asesinato del comandante de las Fuerzas de Seguridad Nacional Palestinas en Saida, Abu Ashraf Al-Armushi.
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