La operatividad del Sistema Informático de Control de Armas (Sincoar) ocurre tras seis meses de la emisión del decreto 707, cuando el pasado 1 de abril el presidente Guillermo Lasso permitió el regreso del uso de armas para defensa personal aquí.
Según información de los militares, en la nación sudamericana existe un aproximado de 130 mil armas registradas legalmente, entre ese grupo se encuentran además los clubes de tiro, deportistas, empresas de seguridad y personas naturales.
De acuerdo con la normativa, las personas que tengan armas heredadas por familiares o de colección también necesitan ser registradas, sino incurrirán en un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Sin embargo, el Informe de Caracterización de Crimen Organizado, presentado por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), destacó recientemente que el tráfico de armas es el mercado criminal más prevalente aquí.
El Observatorio alertó que las armas y municiones ingresan a Ecuador por vía aérea y terrestre y datos de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional del Ecuador (Dinased), el 84 por ciento de los homicidios se cometen utilizando armas de fuego.
La inseguridad y la crisis política mantienen hoy en jaque la vida de los ecuatorianos, con hechos frecuentes de violencia sumados a la decisión gubernamental de permitir el porte de armas.
Universidades, organizaciones sindicales, estudiantiles, de indígenas y de derechos humanos se han pronunciado en contra de la medida alegando que la normativa no resolverá la crisis de inseguridad y por el contrario aumentarán los crímenes.
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