Fuentes judiciales confirmaron que Dias Toffoli, ponente del caso, otorgó tal prolongación atendiendo a una solicitud de la Policía Federal (PF).
El incidente ocurrió el 14 de julio, cuando Andreia Mantovani, mujer del empresario Roberto Mantovani, se aproximó en el aeropuerto internacional Fiumicino, en Roma, Italia, a De Moraes, quien venía de impartir una conferencia en la Universidad de Siena.
La partidaria confesa del expresidente Jair Bolsonaro hostilizó entonces al magistrado debido a su actuación en cuestiones contrarias relacionados con el político ultraderechista.
Teniendo en cuenta lo publicado, afrontó al letrado bajo gritos de «bandido, comunista y vendido». En ese momento comenzó un altercado que involucró al hombre de negocios, a la mujer y el yerno del matrimonio, Alex Zanatta Bignotto.
Además de los insultos contra De Moraes, integrante del Supremo, y sus familiares, una de las personas llegó a agredir físicamente al hijo del ministro.
En otras ocasiones, miembros del STF sufrieron ataques por adeptos extremistas de Bolsonaro.
Zanatta Bignotto, implicado en la confusión, depuso ante la PF y negó que haya proferido ofensas y que los agravios partieron de otras personas.
Pese a que pasaron 30 días desde que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibió oficialmente las imágenes del circuito interno de la terminal aérea romana, la PF alegó necesidad de más tiempo para concluir el análisis de las representaciones visuales.
Según los investigadores, el empresario Mantovani «parece haber golpeado» a Alexandre Barci, hijo de De Moraes, con el dorso de la mano.
Respecto a las ofensas e insultos verbales de Mantovani y su esposa contra el ministro, los agentes federales al frente del caso afirman que resulta posible la confirmación ante las «expresiones corporales» de la pareja.
En la decisión publicada, Dias Tóffoli retiró el secreto de autos, manteniéndolo solo en relación con las imágenes, las cuales solo estarán disponibles para las partes, analistas o expertos designados por la PF en caso de eventuales gestiones complementarias.
De acuerdo con el relator del expediente, la divulgación de audiovisuales, fotos o incluso datos de personas sospechosas resulta fundamental en la persecución penal solo cuando el autor del delito aún no ha sido identificado o está prófugo, que no es el caso.
El juez resaltó además que otras imágenes del lamentable hecho, divulgadas por la prensa, contienen varias personas, incluyendo menores de edad, sin relación alguna con el episodio investigado, debiendo, por eso, ser preservados sus derechos a la privacidad.
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