La situación de paro nacional es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público (MP) que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común, expresó la institución católica.
El secuestro de las actas del proceso electoral –agregó- estuvo amparado por la decisión de un juez y dicha acción se percibió como contraria a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral en materia comicial.
Además, como una violación del respeto, debido al voto ciudadano libremente emitido, lo cual fue percibido como un acto de prevaricación, remarcaron los obispos mediante un comunicado.
Algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debían restablecer el orden político, no resolvieron los conflictos, pues se perciben como interpretaciones interesadas de la ley, acotaron.
El Estado, a través de estas instituciones, no ha servido al bien común y por eso gran número de ciudadanos se levantaron en protesta y exigen la destitución de quienes de manera flagrante atropellaron el proceso de votaciones, ampliaron los prelados.
Consideraron necesario que el mandatario actual se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes se manifiestan en la calle.
Aparte de la renuncia de la Fiscal General, con ella deben abandonar sus puestos “colaboradores, ejecutores de las acciones que se han percibido como abusos y atropellos del proceso electoral”, aseveraron en el texto.
Esta decisión –valoraron- demostrará la preocupación real de un gobernante que quiere la paz para sus conciudadanos, mientras solicitaron a Porras que llegó el momento de evidenciar sus responsabilidades con el pueblo.
“No solamente sus acciones han sido el detonante de la insatisfacción popular sino que la misma se mantendrá, con todos sus efectos negativos, hasta que el pueblo se dé cuenta de que sus peticiones han sido escuchadas”, estimaron.
Los obispos apelaron a la conciencia de Giammattei, Porras y de los integrantes de la CC y de la CSJ para que, ante ese Dios que la Constitución invoca en su preámbulo, dejen los intereses sectoriales o personales y tomen las decisiones y acciones que reconduzcan al país a la normalidad política y social.
Exhortaron al pueblo de Guatemala, a los líderes sociales y a los que tienen influencia en la vida social, que utilicen los medios legales para expresar el descontento, sin recurrir a la violencia ni a ejercer ningún tipo de presión que coarte la libertad que cada guatemalteco tiene.
Los puntos bloqueados llegaron este lunes a 142 en todo el país y esta urbe registró 28 cierres o bloqueos por manifestaciones, así como unas 15 caminatas, alguna de las cuales llegaron hasta la sede del MP.
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