La televisora CNN Brasil indicó que la punición resulta de 20 mil reales (unos cuatro mil dólares) impuesta por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Tal aplicación de la penalidad se dio tras el juicio del TSE que concluyó que Bolsonaro utilizó indebidamente el cargo y la estructura administrativa de la Presidencia para hacer campaña en la reunión con embajadores extranjeros en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial), en julio de 2022, y enardecer a sus partidarios contra la Justicia Electoral.
Durante el encuentro, el entonces mandatario repitió su tesis, nunca comprobada, que el sistema electoral brasileño es susceptible de fraudes y atacó el Supremo Tribunal Federal y el TSE.
El discurso a los diplomáticos fue transmitido en vivo en las redes sociales y en la TV Brasil.
La defensa de Bolsonaro y el Partido Liberal (PL) afirmaron en sus recursos que el caso no debería haber sido analizado por la Justicia Electoral, una vez que la arenga fue proferida en el ejercicio regular de la libertad de expresión y de las prerrogativas del entonces jefe de Estado.
En su respuesta, Dias Toffoli alegó que las declaraciones de Bolsonaro se entendieron en el marco del derecho electoral y se analizaron sobre la base de las normas que se ocupan de la propaganda electiva.
A finales de junio, el TSE declaró que el político ultraderechista no será elegible hasta 2030.
La corte formó un marcador de cinco votos a dos para enmarcar al exgobernante (2019-2022) por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación en razón de la reunión en que atacó las urnas electrónicas ante diplomáticos.
El martes, el TSE pospuso para el 17 de octubre el juicio de tres acciones de investigación electiva contra el expresidente.
También será juzgado el general Walter Braga Netto, candidato a vice en la fórmula para la reelección de Bolsonaro en la carrera por el poder del pasado año.
El caso fue incluido en la agenda por el titular del TSE, Alexandre de Moraes, a petición del ministro relator Benedito Gonçalves.
Protocoladas por el Partido Democrático Trabalhista y los que componían la coalición que eligió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, las acciones apuran posibles irregularidades en el supuesto uso de las sedes del Gobierno federal para la campaña de los candidatos del PL.
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