Con 20 votos a favor y 11 en contra, la CPI aprobó el informe final de la senadora Eliziane Gama y solo hubo una abstención.
Junto a Bolsonaro, y entre otros, figuran en el listado del documento los generales Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, Marco Antonio Freire Gomes, Ridauto Lúcio Fernandes, Carlos Feitosa Rodrigues y Carlos José Penteado.
También el excomandante de la Marina, almirante Garnier Santos, el teniente coronel Mauro Cid (exayudante de órdenes de Bolsonaro), el exministro de Justicia Anderson Torres y el exdirector general de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques.
El contenido demanda que Bolsonaro sea acusado de los delitos de asociación criminal, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, de deponer gobierno legítimamente constituido y el empleo de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
Gama también incluyó el nombre de otros uniformados, agentes viales federales e integrantes de la Policía Militar del Distrito Federal.
Asimismo, colocó a sospechosos de haber financiado o influenciado el intento de golpe de Estado durante los episodios del pasado 8 de enero.
«La democracia fue atacada. Las masas fueron manipuladas con discursos de odio. Milicianos digitales fueron empleados para diseminar el miedo, descalificar adversarios y promover ataques al sistema electoral», denunció Gama durante la lectura del informe.
Aseguró que «se intentó corromper, obstruir y anular las elecciones. Y usan la libertad de expresión para ahogar la expresión».
El escrito apunta que Bolsonaro resulta «el autor intelectual y moral» de los hechos perpetrados contra instituciones en esa fecha, marcada en negro en la historia nacional.
Refiere que el exmilitar «alimentó la violencia entre la población brasileña durante varios eventos en el período previo a las elecciones de 2022» y mancilló el proceso electivo.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos extremistas partidarios de Bolsonaro invadieron y depredaron el 8 de enero las sedes capitalinas del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y la Presidencia.
Ahora el informe de la CPI se remitirá a los órganos responsables de la determinación de las responsabilidades.
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