El pleno de magistrados de ese alto tribunal decidió negar acciones presentadas por los 48 Cantones del departamento de Totonicapán y un grupo de abogados que buscaban quitar el blindaje a la también titular del Ministerio Público (MP).
Una reforma a la Ley Orgánica de este ente investigativo, aprobada por la mayoría del Congreso (unicameral) en 2016, prohibió al presidente de la República remover a la fiscal general directamente. El mandatario actual del país, Alejandro Giammattei, el pasado jueves dialogó con las autoridades indígenas convocantes a las protestas desde el 2 de octubre y les manifestó que no tenía facultdad para destituir a Porras.
Mientras usuarios en redes sociales refieren los resquicios que quedan para llegar a cumplir con la exigencia de las movilizaciones, otros señalan que en cada resolución la CC confirma que es parte del pacto de corruptos.
Analistas explican que por la vía política existe una propuesta para reformar de nuevo la Ley Orgánica del MP y devolver al jefe de Estado el poder de destitución directa.
Advierten además la posibilidad de anular a través de una inconstitucionalidad el artículo añadido en 2016 y, de nuevo, el presidente pueda remover al fiscal general cuando lo considere necesario.
El diputado Aldo Dávila, según reportes de prensa, intentó presentar la iniciativa ante los jefes de bloques del Legislativo el pasado martes, sin embargo, la sesión convocada se suspendió por falta de quórum.
La ausencia de estos líderes de bancadas refleja la poca atención a la crisis política que vive Guatemala, aseveró el congresista.
Miles de indígenas, unidos con campesinos, estudiantes, profesionales, comerciantes, organizaciones comunitarias y sociales bloquean desde hace 18 días consecutivos puntos en carreteras estratégicas de este territorio.
Las autoridades indígenas convocantes a las protestas aseguraron que no dejarán las calles hasta ver salir a Porras, pero también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche y al juez Fredy Orellana por violentar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El MP, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar el Tribunal Supremo Electoral por presuntas irregularidades en las votaciones realizadas el 25 de junio y 20 de agosto pasados.
El ganador de los sufragios Bernardo Arévalo consideró que las maniobras desde el ente investigativo van dirigidas a promover un golpe de Estado para evitar su llegada al poder, prevista el 14 de enero de 2024.
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