Cuando este jueves acuda al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inscribir su candidatura, Bukele estará sentado un precedente en la política salvadoreña dado que la Constitución pese a alegaciones e interpretaciones, el llamado “artículo oculto” y cualquier tipo de valoraciones, es clara en definir la alternancia en el poder.
Los argumentos señalan que al menos seis artículos niegan la posibilidad de reelección o continuidad al frente de los destinos del país una vez vencido el término para el que un mandatario fue electo.
El artículo 88 de la Constitución señala que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”, algo muy difícil en un país que fortaleció su aparato militar en los últimos años.
La oposición también cita el artículo 154, que indica que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”, algo a lo que aspira Bukele si el soberano se lo permite aun sin importar lo que dice la Constitución.
Pese a que la Sala de lo Constitucional electa el 1 de mayo de 2021 en un proceso cuestionado por la oposición y juristas por no seguir el procedimiento constitucional de elegir entre propuestas del Consejo Nacional de la Judicatura, estableció que la reelección presidencial es permitida y que la alternabilidad presidencial está relacionada con la voluntad popular, es un asunto controversial.
La decisión de la Sala ordena al TSE que permita que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, todos elementos sujetos a la interpretación y conveniencia de quien se encuentren en el poder, según críticos.
Una acentuada definición se encuentra en el artículo 248 que define que: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia”.
Otro problema que se perfila en este ejercicio de continuidad del actual mandatario es la idea de reformar la Constitución para incluir los mecanismos de referendo, plebiscito y la revocatoria de mandato y que se encuentra en estudio en el país, y que, de avanzar, pudiera buscar “perpetuidad” en la presidencia del país.
La inclusión del referéndum buscaría que las reformas constitucionales sean ratificadas por la población y no por la Asamblea Legislativa, como se hace en la actualidad, y que según críticos viola el debido proceso.
Actualmente, las cuestiones constitucionales son resueltas por la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados también son parte de la Corte Suprema, y que en la práctica fueron impuesto por el gobierno sin respetar los procedimientos establecidos, según la oposición.
Un documento difundido por la secretaria de Prensa de la Presidencia en septiembre de 2020 señaló que “el Gobierno de El Salvador está comprometido con respetar la Constitución, sus cláusulas pétreas y el Estado de Derecho, aunque considera clave debatir con todos los sectores su actualización y reforma, que implica dos legislaturas o una Asamblea Constituyente».
Cuando el TSE cierre a las 12 de medianoche de este jueves y se consume la inscripción de Bukele, se habrá creado un precedente de inconstitucionalidad, según la oposición, y será el soberano quien decida en las urnas, lo demás estaría por venir, ya sea a través de reformas constitucionales o plebiscitos.
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