También sobresalió el anunció del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las cinco preguntas que serán sometidas el 3 de diciembre al pueblo venezolano en el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, que fuera convocado por la Asamblea Nacional.
No por pronosticados con antelación por partidarios y el oficialismo, los sufragios del domingo 22 de octubre, dejaron de sorprender por la magnitud en que sus protagonistas principales distorsionaron los resultados al elevar los números y violentar las reglas legales y morales.
De acuerdo a los datos divulgados como resultado de los análisis, la mencionada comisión “infló” los guarismos en más de millón y medio de votos, al pasar de 598 mil 530 los asistentes a las urnas a más de 2,3 millones, y con una infraestructura montada para solo unos 860 mil como máximo.
Con elementos probatorios estadísticos, imágenes y audios divulgados, más las voces de representantes de la oposición moderada, inclusive, de hasta candidatos de la derecha participantes, echaron por tierra los números ofrecidos en los tres partes de la Comisión Nacional de Primarias (CNP).
Entre las muchas incongruencias llamó la atención la no coincidencia de los centros de votación anunciados, con los votantes asistentes y el tiempo para sufragar, que llegó a estar por debajo del minuto, tratándose de un proceso totalmente manual.
El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez, denunció ante la prensa nacional y extranjera que ellos inflaron el voto en más de dos millones y usurparon la identidad de igual número de venezolanos sin su consentimiento.
“Hemos mostrado evidencias suficientes que tipifican delitos en Venezuela”, señaló, y afirmó lo que hubo no fue una elección, sino el intento de llevar al país a la zozobra, a la inquietud, a la búsqueda de más sanciones contra Venezuela.
El diputado consideró un “fraude descomunal” lo ocurrido y aseveró se veía venir el “gigantesco fraude”, lo cual explica el por qué la Comisión Nacional de Primarias no quiso aceptar el concurso del CNE, que brindó su apoyo técnico y logístico para esos comicios.
Mencionó entre las irregularidades detectadas, el desconocimiento de los electores del padrón electoral y de los centros de votación, los cuales dijo fueron nucleados y “luego volvieron a nuclear” a conveniencia.
Rodríguez señaló que hubo lugares de votación tan absurdos como baños en casas de familias, nadie sabía si estaba registrado ni dónde estaba su centro de votación y apuntó que el 30 por ciento de los mismos estaban en residencias particulares.
Ante el cuerpo diplomático acreditado, el legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó también nuevas evidencias y expresó la preocupación de su Gobierno por la reunión sostenida entre María Corina Machado (virtual ganadora de los comicios) y algunos embajadores.
“Con todo respeto le solicitamos mesura, parsimonia, no se inmiscuyan en los asuntos políticos internos de Venezuela”, subrayó.
“No vamos a permitir volver a colocar la sociedad venezolana en una situación de zozobra, solamente por porque se perpetró ese fraude mayúsculo el pasado domingo, ese tiempo ya se acabó”, dijo.
Las denuncias llegaron también a través del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien expresó que ellos prefieren mentir hasta niveles que nadie cree porque “no tienen ninguna lógica matemática, electoral, ni siquiera existencial”.
Aseguró que se trató de una gran operación mediática, “muy bueno para la propaganda”.
La bancada de la oposición en el parlamento ofreció una conferencia de prensa en la que consideró “fallido y excluyente” el proceso.
El Ministerio Público venezolano citó para el venidero lunes a su sede principal al presidente de la CNP, Jesús María Casal; la vicepresidenta, Mildred Camero, y al ciudadano Roberto Abdul-Hadi Casanova “en calidad de #Investigados”, indicó el fiscal general en su cuenta X, antes Twitter.
Entre los delitos que se le imputan están la usurpación de identidad, al utilizar los nombres y apellidos de personas que no asistieron a sufragar y legitimación de capitales, dado que se desconoce la procedencia de los fondos, quién los otorgó y los libros con su entrada.
También la asociación para delinquir porque fueron varias las personas que se unieron para cometer estos delitos, y por los cuales, adelantó en entrevista, podrían cumplir penas de hasta 20 años de cárcel.
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