El Registro de Ciudadanos tiene que notificar a la agrupación, precisó el vocero del ente comicial, Gerardo Ramírez, quien recordó que la medida responde a la solicitud del Ministerio Público (MP) debido a una investigación en curso.
El 12 de julio último, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reveló detalles de esa pesquisa, a partir de la denuncia de un ciudadano que aseguró haber sido adherido de manera irregular a la agrupación política.
El vocero del TSE subrayó que la Corte de Constitucionalidad en su momento amparó al juez Fredy Orellana e indicó que este tenía competencia para exigir la suspensión.
El Registro de Ciudadanos cumple con la orden tras la finalización del proceso electoral el pasado 31 de octubre, agregó, y enfatizó que por ahora la organización no puede hacer gestiones administrativas en esa dependencia.
Expertos argumentan que al suspender un partido, este tiene seis meses para resolver la razón por la cual el TSE revocó su estatus político.
Si solucionan los puntos, se le restituyen sus derechos jurídicos, sino sobrevendrían acciones legales que pueden durar años, hasta una posible cancelación.
De acuerdo con los analistas, con este contexto es que el Congreso retiraría los privilegios de la bancada, lo cual le imposibilitaría dirigir o integrar Comisiones de trabajo y la Junta Directiva.
Organizaciones ancestrales impulsaron desde el 2 de octubre pasado protestas en el país tras las maniobras continuadas del MP, considerado un instrumento del Pacto de Corruptos, contra Semilla y el TSE.
Los manifestantes reclaman ante la sede de la Fiscalía la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como del jefe del FECI Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y de Orellana.
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