Tal requerimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) está firmado por el coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos del Ministerio Público Federal (MPF), subprocurador general Carlos Frederico Santos.
En el documento se pide acceso a información bancaria de blancos de la CPI y Frederico Santos argumenta que los datos son esenciales para que el MPF pueda dar continuidad a las pesquisas sobre el caso.
De acuerdo con la oficina de prensa de la senadora Gama, la solicitud fue enviada a la Secretaría de la CPI y pronto los datos deben ser expedidos a la PGR.
Los miembros de la comisión presentaron el informe final a otros órganos, entre ellos al Supremo Tribunal Federal (STF), a la Abogacía General de la Unión que, como la PGR, indicó que dará continuidad al tema.
Aprobado por la comisión el 18 de octubre, el contenido fue dirigido a la Policía Federal, al Tribunal de Cuentas de la Unión y a varios organismos de investigación.
La finalidad es que la indagación se realice, pues el colegiado solo puede sugerir pruebas y cálculos.
Elaborado por Gama, en el texto se solicita el procesamiento a 61 personas, entre ellas, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
Junto a Bolsonaro, y entre otros, figuran en el listado del escrito los generales Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, Marco Antonio Freire Gomes, Ridauto Lúcio Fernandes, Carlos Feitosa Rodrigues y Carlos José Penteado.
También el excomandante de la Marina, almirante Garnier Santos, el teniente coronel Mauro Cid (exayudante de órdenes de Bolsonaro), el exministro de Justicia Anderson Torres y el exdirector general de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques.
El contenido demanda que Bolsonaro sea acusado de los delitos de asociación criminal, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, de deponer gobierno legítimamente constituido y el empleo de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
«La democracia fue atacada. Las masas fueron manipuladas con discursos de odio. Milicianos digitales fueron empleados para diseminar el miedo, descalificar adversarios y promover ataques al sistema electoral», denunció Gama durante la lectura del informe.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos extremistas partidarios del político ultraderechista invadieron y depredaron el 8 de enero las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia.
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