El exmandatario (2017-2021) está en el centro del proceso promovido por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios y que, además, se le prohíba hacer negocios en el estado.
James afirma que tanto Trump como sus cómplices cometieron fraude repetidamente al inflar los activos en los estados financieros para obtener condiciones ventajosas en los préstamos y pólizas de seguros.
El juez Arthur Engoron ya determinó antes del comienzo del juicio a inicios de octubre que Trump y sus cómplices, incluidos sus hijos adultos, eran responsables de fraude «persistente y reiterado».
Aunque sobre él pesa una orden mordaza, Trump utilizó las redes sociales para sus ataques al juez Engoron, James y testigos del caso, como su exabogado y extapadera Micahel Cohen.
El último ataque del exjefe de la Casa Blanca contra Engoron fue justo como un golpe preventivo antes del esperado testimonio en el tribunal.
La montaña legal de Trump se le viene encima en un año electoral en el que, como una cuestión sin precedentes, el principal candidato de los republicanos tendrá que pasar el tiempo en cortes en lugar de hacer campaña.
La semana pasada, el exocupante del Despacho Oval fue multado por incumplir la orden de silencio.
No obstante, utilizó la «tribuna» de Internet para reiterar que fue un “juicio amañado, llevado por la racista fiscal general del Estado de New York, James, ante el juez que odia a Trump, Engoron” y es algo que «nunca debió efectuarse», expresó.
También le tiró al “testigo estrella”, Cohen a quien, según dijo, mucha gente considera un SleazeBag (basura) y como era de esperar al final consideró que “no hay ninguna víctima (¡excepto yo!)».
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