En una rueda de prensa en la sede del ente multilateral, la funcionaria consideró esos fenómenos una amenaza importante para la vida en sociedad y la estabilidad de la misma, y destacó que la iniciativa es el resultado de una amplia consulta mundial.
“La liberación de la palabra a través de la tecnología digital ha representado un inmenso progreso, pero las redes sociales también han acelerado y amplificado la difusión de información falsa y la incitación al odio, lo que plantea graves riesgos para la sociedad, la paz y la estabilidad”, advirtió.
De acuerdo con Azoulay, urge actuar ante tales amenazas, en aras de proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.
El llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a sus Estados miembros y a la comunidad internacional es a establecer reguladores independientes y públicos con los recursos necesarios, quienes deben trabajar en estrecha coordinación para evitar fisuras y disparidades entre las naciones.
Asimismo, instó a una moderación de contenidos en las redes sociales flexible y de alcance universal, a la responsabilidad y la transparencia en ese ámbito y a la educación desde las plataformas digitales en el pensamiento crítico.
Las medidas son el fruto de 18 meses de consultas internacionales, con más de 10 mil propuestas y criterios aportados por más de 130 países, un proceso que la organización calificó de sin precedentes en el sistema de la ONU.
Uno de los puntos incluidos en el plan es el relacionado con los escenarios electorales, en los que suelen proliferar la desinformación y los discursos de odio en las redes.
Según la Unesco, la necesidad de actuar sin demora frente a los desafíos quedó ratificada en una encuesta desarrollada por la multinacional de investigación de mercados y consultoría Ipsos a solicitud del ente multilateral con sede en París.
Con la participación de ocho mil personas en 16 naciones con comicios el año próximo, el estudio reflejó la preocupación de al menos ocho de cada 10 entrevistados por los daños que provoca la desinformación en línea y casi el 90 por ciento de ellos defendió una respuesta gubernamental a la altura del problema.
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