El canciller venezolano, Yván Gil, declaró a la televisión local desde La Haya, Países Bajos, que desmontaron y pulverizaron el argumento de la CPI, que pretende crear un caso inexistente.
Subrayó que la República Bolivariana “es fiel creyente y seguidora de los procesos jurídicos” y siempre apegada a la ley internacional, lo cual, dijo, “lo hemos puesto en el papel y en la palabra”.
El alto diplomático manifestó que el caso fue políticamente motivado por el extinto grupo de Lima, que trató de “crear una situación inexistente de manera jurídica”, como pudo demostrar el equipo de juristas del Estado venezolano.
Gil tildó de erráticas los pasos dados por la Fiscalía de la CPI al intentar ocultar las pruebas presentadas por Venezuela y no le fueron entregadas en su momento a la Corte, para luego decidir continuar el proceso.
El canciller venezolano subrayó que no existen razones para continuar con este caso y expresó su confianza en que la apelación prosperará.
Remarcó que Venezuela expuso con vehemencia su verdad y aseveró que la matriz de opinión promovida por la Fiscalía de la CPI es “simplemente mediática”.
La República Bolivariana no tiene nada que temer, enfatizó, y destacó la existencia de una democracia fuerte de respeto a los derechos humanos y el tener instituciones que los garantizan.
Mañana miércoles está prevista la segunda audiencia de apelación solicitada por Venezuela, para luego los jueces decidir si procede o no el recurso presentado por la nación sudamericana.
En julio último, el Estado venezolano notificó a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional su reclamación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
La Cancillería indicó en un comunicado entonces que en conformidad con el procedimiento establecido, Caracas consignará los elementos que respaldan su apelación, con la denuncia de cada una de las falencias de la decisión de la mencionada Sala, que resultan claramente contraria a la verdad y la justicia.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó a finales de junio la reanudación de la investigación en el asunto denominado “Venezuela I”, lo cual fue rechazado por el Ministerio para las Relaciones Exteriores.
Desde el mismo momento en que la Fiscalía de la CPI inició el Examen Preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso, las autoridades venezolanas denunciaron la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos.
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