Esa revisión, solicitada por el entonces llamado Grupo de Lima, “pretende utilizar la institucionalidad” de ese órgano para atacar políticamente a la Republica Bolivariana, afirmó el alto funcinario al intervenir este miércoles ante la CPI en la segunda audiencia de apelación.
Indicó que ello se realizó sobre la base de una acusación “por crímenes de lesa humanidad que nunca ocurrieron”.
El ministro comentó que eran los tiempos del expresidente Donald Trump (2017-2021) con su estrategia de cambio de régimen, en la que todas las opciones fueron puestas sobre la mesa, lo cual, dijo, fue planteado en forma oportuna ante la Sala de Cuestiones Preliminares.
Recordó que contra Venezuela se dictaron más de 930 medidas coercitivas unilaterales, que tuvieron un efecto devastador sobre su economía y los derechos del pueblo, como pudo constatar en el terreno la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de estas sanciones.
Gil manifestó que como consecuencia el ingreso nacional se redujo en 99 por ciento y dejaron de percibirse más 242 mil millones de dólares, expresión de que no hubo límites en la búsqueda del objetivo planteado contra su país.
También rememoró que desde el exterior fueron promovidas diversas acciones para atentar contra la institucionalidad democrática de la nación, incluidas reiteradas manifestaciones de violencia callejeras, intento de golpes de Estado e inclusive el magnicidio fracasado contra el presidente Nicolás Maduro.
El ministro del Exterior expresó que ante esas circunstancias el Estado se vio forzado a actuar con las “herramientas permitidas del Derecho Internacional”, a fin de garantizar la vigencia de la Constitución y la democracia nacional, y aseveró, “logramos evitar el plan de llevar al país a una guerra civil”.
Este asunto, valoró, tiene una importancia fundamental al incidir de manera directa en la credibilidad de la CPI.
Ratificó que el espíritu de compromiso con la justicia también impregnó todas las interacciones con el fiscal de la Corte, lo cual conllevó a la firma de dos memorandos de entendimiento con la Fiscalía para la inminente apertura de una oficina en Caracas y facilitar la asistencia técnica a las autoridades nacionales.
Gil anunció, además, la adopción de reformas normativas e institucionales para reforzar las capacidades nacionales y asegurar la efectiva administración de justicia conforme a los estándares internacionales en la materia.
Mencionó el Código Orgánico de Justicia Militar, que garantizó que no fueran juzgados civiles por los uniformados, además de compartir alrededor de 30 mil folios de diversas índoles, incluyendo expedientes judiciales.
Hasta el presente más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 resultaron condenados, detalló.
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